SON LAS BASES MILITARES DE UN IMPERIO
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre las bases militares de Estados Unidos en Colombia, Comisión Segunda del Senado, 21 de julio de 2009, debate al que asistieron los ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa (E)
La del Polo es una posición de principios. No olvidar que Estados Unidos es un imperio. Las bases son peores que la de Manta. La soberanía, hecha realidad el 7 de agosto de 1819, es el bien más preciado de una nación. Colombia queda acoyundada en la estrategia militar de Estados Unidos. Las bases, una amenaza a los vecinos. Una decisión inconstitucional e ilegal. Tratan de aprobarlo a las escondidas. Estados Unidos se cobra con creces cada dólar que da. Que muestren lo acordado antes de aprobarlo
El Polo Democrático Alternativo dejó ayer una constancia en el Senado de la República, firmada por toda la bancada, y voy a hacer énfasis en algunos de sus aspectos. Lo primero es señalar que nosotros avocamos estos temas como un problema de principios, que no depende de detalles y asuntos menores. En ese sentido, somos de los que piensan que Colombia no debe aceptar bases de tropas extranjeras de ningún país del mundo. Una base extranjera, o una instalación, o el nombre que le quieran dar, porque no se trata de un debate semántico, lo que implica es una actividad militar a favor de intereses extranjeros distintos a los nuestros y en el territorio nacional.
Como bien lo saben los militares y lo puede saber cualquier colombiano, el soldado de cualquier país del mundo defiende los intereses del país a cuya bandera le juró lealtad. Un hombre de armas de Estados Unidos, o brasileño, o argentino, aposentado en una base o en una instalación militar en territorio nacional de Colombia defiende los intereses de ese país y cumple las órdenes militares que le lleguen de sus jefes. Sin importar lo que digan los pactos o convenios, si desde el Pentágono le dan una orden a un soldado norteamericano, este sin duda alguna va a proceder a darle cumplimiento.
Lo de las bases constituye una violación flagrante de la soberanía nacional. Tengo que lamentar mucho que precisamente cuando estamos hablando del bicentenario del Grito de Independencia frente a España, el regalo que les da el gobierno a los colombianos sea el establecimiento de tres bases. Aquí se habla mucho de las fiestas patrias, pero se olvida qué fue lo que se logró en esas fechas, que fue, por sobre todo, sacar las tropas extranjeras de lo que es hoy la República de Colombia, o, en otras palabras, conquistar la soberanía, que es el derecho de los colombianos a autodeterminarnos y hacer lo que pensemos sin que nadie, absolutamente nadie, pueda ejercer la fuerza en contra de nosotros ni presionarnos de ninguna manera dentro del territorio nacional. Aquí se habla de que conquistamos la libertad, la democracia, y puede ser, pero, por sobre todo, expulsamos a las tropas extranjeras y establecimos el derecho a la soberanía.
Se esgrimen una serie de argumentos, que los vecinos, etcétera. También aquí tenemos en el Polo una posición de principios. El fin no justifica los medios. Supongamos que todos los fines que se aducen para instalar las bases sean fines nobles, aceptémoslo en gracia de discusión, y ni aún así se justifican. Si algo le ha hecho daño a Colombia es precisamente la teoría de que el fin justifica los medios. Los unos hacen secuestros levantándose cualquier teoría. Los otros ejercen como paramilitares contra quienes hacen los secuestros y alegan que como son maltratados u ofendidos por las fuerzas guerrilleras, ellos tienen derecho a conformar sus propias fuerzas armadas para buscar desquite. Esa es la lógica. Y entonces, como aquí hay distintas contradicciones que yo no voy a negar, la solución consiste en instalar bases extranjeras en nuestro territorio. Es una lógica que no debe aceptarse en ningún país del mundo.
No olvidar que Estados Unidos es un imperio
Estamos hablando, además, no de bases de cualquier país, sino de bases de Estados Unidos. Yo les hago en este debate una solicitud cordial y es que pongamos las cartas sobre la mesa. Esa insistencia de que Estados Unidos, el más poderoso imperio en la historia de la humanidad, anda por el mundo llevando las bienaventuranzas y viene a Colombia a ayudarles a los colombianos es una afirmación que por lo menos debiera analizarse en forma rigurosa. ¿No están los norteamericanos mismos cansados de decir que ellos no tienen amigos sino intereses? ¿Ustedes creen que estas bases se instalan en el país simplemente porque aquí hay narcotraficantes? ¿Cómo se explican entonces las otras 700 bases que tiene el Pentágono regadas por el globo, en países donde no hay narcotráfico? Se saca en cada caso un pretexto, pero al final de lo que se trata es de un imperio que ha desplegado sus bases militares por todo el planeta para defender sus intereses imperiales, que no son otros que los intereses económicos y políticos de sus trasnacionales. Las bases son el brazo armado de los negocios de las trasnacionales, el brazo armado del imperialismo, digámoslo con toda franqueza. No faltará seguramente quien haga ironías al respecto, pero ¿existió o no el imperio romano? ¿Existió o no el imperio mongol? ¿Existió o no el imperio inglés? ¿Estados Unidos no es un imperio? Puedo hasta aceptarles que defiendan el imperio, que aleguen que es inevitable, que no hay nada más que hacer y que, como decían los reyes de España, se trata es de soportar el suave yugo de Su Majestad. Pero no me nieguen la naturaleza imperialista de Estados Unidos.
Hagamos entonces esfuerzos por entender cuál es su juego. ¿Ustedes creen que estas bases no tienen nada que ver con el cierre de la Base de Manta? Yo les pediría a los ministros del gobierno responsabilidad con el país. Acepten que estas bases se instalan en Colombia porque fue cerrada la Base de Manta. Y la primera razón de la Base de Manta no era el problema del narcotráfico. Lo saben los militares. Es el cierre de la Base de Howard que funcionaba en el Canal de Panamá, clausurada por el Tratado Torrijos-Carter. Estados Unidos, en su estrategia de control del Continente, decide instalar la Base de Manta y después, cuando esta se cierra, viene a trasladarla aquí, como está sucediendo. Y la IV Flota, con portaviones y todo, que se puso a navegar hace un par de años por las aguas del Caribe y de Suramérica y contra la que protestó el gobierno de Brasil, ¿es también un problema del narcotráfico o hace parte de la estrategia militar de dominación global de Estados Unidos? Estas son realidades que deben ser denunciadas, aun cuando a la galería, para confundir a la gente, se le diga una u otra cosa. Ahora, que las bases tengan alguna incidencia en la lucha contra el narcotráfico, se puede hasta aceptar. Pero esta no es la causa principal, porque es evidente que las bases militares obedecen a un interés fundamental del gobierno de Estados Unidos y del Pentágono, en el que los intereses de Colombia desempeñan un papel absolutamente subsidiario.
Lo de las bases colombianas escala lo de Manta
Nos aducen, y en este punto también les pido seriedad a quienes argumentan que lo que aquí va a suceder no es lo mismo de la Base de Manta, que allá la base era norteamericana y que los norteamericanos hacían lo que les daba la gana, mientras que aquí lo que va a haber son instalaciones militares norteamericanas en bases colombianas controladas por oficiales colombianos. Pues yo les quiero contar algo. Son hechos sabidos. La Base de Manta es ecuatoriana (el área donde operan las tropas norteamericanas cubre apenas el 5 por ciento de ella) y está bajo el control de un oficial ecuatoriano. Luego lo que se va a hacer aquí, desde el punto de vista técnico, es idéntico a lo de Manta, ¿en qué sentido? Una base colombiana, pongamos, Palanquero, con un celador seguramente colombiano en la puerta y bajo el mando general de un oficial colombiano, pero con una especie de anexo, una instalación norteamericana bajo el control de Estados Unidos y donde el gobierno nacional de Colombia no ejerce la soberanía. Con agravantes. Advierte la revista Cambio–, y cito a la revista Cambio, primero, porque el gobierno no tuvo siquiera la delicadeza de informarle al Congreso de Colombia de qué se trataba, segundo, porque esta es una revista que suele estar bien informada, y tercero, porque nadie la ha desmentido–, advierte que lo de Colombia escala lo ocurrido en la Base de Manta, en Ecuador, y lo escala de varias maneras. No es solo contra el narcotráfico, sino directamente contra el terrorismo. Y por supuesto que yo condeno el terrorismo, pero, ¡ojo!, Estados Unidos define el terrorismo como se le antoja. No hay definiciones legales, internacionalmente hablando, que aclaren lo que es terrorismo, y es obvio que va a primar la definición que haga Estados Unidos. Y no sería sorprendente que el día de mañana, si un gobierno colombiano actúa de manera distinta a como le gusta a la Casa Blanca, termine siendo tachado como terrorista y que lo propio suceda con un gobierno vecino. Según la revista Cambio, el acuerdo va a permitir operaciones francamente militares desde esas instalaciones. Se está hablando de la posibilidad de aviones que despeguen de allí y vuelen a todo lo largo del Continente y con los cuales Estados Unidos puede amenazar incluso a Brasil y a Argentina. Y se habla, dice la revista Cambio, de que los oficiales norteamericanos no van aceptar ningún tipo de supervisión en las decisiones cuando se trate de operar en terceros países. Son amenazas de extrema gravedad. No sé lo que vayan a decir ahora los ministros, pero desde ya les anticipo una petición: que nos entreguen los documentos, entre otras cosas, para que sepamos qué estamos discutiendo, porque posiblemente ahora nos van a alegar que son informaciones de la revista Cambio, pero que nosotros no hemos concluido las negociaciones, y etcétera, etcétera. Habrá que citar de nuevo a los ministros, queridos senadores, porque el debate adolece de esa dificultad.
Colombia queda acoyundada en la estrategia militar de EU
¿Por qué nos oponemos nosotros los del Polo Democrático? Además de los argumentos que ya he dado, quiero insistir en las siguientes ideas: primero, por un problema de soberanía nacional. La soberanía es el bien más preciado de cualquier país. ¿Qué es lo que se celebra el Veinte de Julio y el Siete de Agosto? ¿Por qué en todas las escuelas de Colombia aparecen destacados los dibujos de los próceres de la patria? Porque conquistaron la soberanía. País que pierda la soberanía no tiene nada. Y no vengan con el cuento de que en el mundo de la globalización, la soberanía se volvió un concepto caduco. Ministro que se atreva a hacer tal afirmación en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, tiene que agregarle la carta de renuncia. Nos relacionamos con el mundo partiendo de intereses desiguales y de intereses de soberanía. ¿Ustedes creen que es sensato, senadores y colombianos, que los colombianos quedemos acoyundados en la estrategia de guerra de Estados Unidos por el control del mundo? Las guerras son con muertos. Las guerras son tremendamente dolorosas, con sufrimientos infinitos, y lo que estamos es quedando incluidos en la estrategia militar, es decir, la estrategia de guerra de Estados Unidos por el control del mundo. ¿Quedaremos nosotros allí como algo más que peones? Yo no lo creo, con franqueza. Ni lo cree nadie. No lo cree Semana, no lo cree la revista Cambio.
Las bases, una amenaza a los vecinos
Es cierto que las relaciones con los vecinos están deterioradas, hecho que soy el primero en lamentar. Cuando los gobiernos pelean, sufren los pueblos, un hecho que no podemos perder de vista. Pero no vengan a decirme que esto de las bases es amistoso con los vecinos. Así haya cosas que criticarles, ¿este es un mensaje de cordialidad en el continente? Es decirles a los demás países, ¿queremos tramitar las diferencias con tranquilidad, por la vía diplomática, pacíficamente? ¿No constituye una amenaza? Les hago una pregunta al revés. Si fuera en Venezuela donde se estableciera una base militar de cualquier potencia, ¿qué diríamos en Colombia? ¿O si fuera en Ecuador, o en Brasil, o en Perú, y además tuviera el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia, ¿qué diríamos los colombianos? Uno no debe hacerles a los demás lo que no quisiera que ellos le hicieran a uno.
No acepto la tesis de que las bases se justifican por nuestras actuales relaciones con los vecinos. Y le formulo una pregunta directa al gobierno nacional. ¿Estas bases apuntan contra Venezuela, contra Ecuador y contra Brasil? ¿Esa es la decisión que se está tomando? Les pido seriedad tanto al gobierno como a los senadores. Con la guerra no se juega, con los muertos no se juega, con las relaciones con los vecinos no se juega. Y aun cuando me digan que ese no es el propósito, los hechos generan amenazas, generan reacciones. No se sorprendan si Brasil protesta con dureza, porque en el largo plazo, el mayor problema geoestratégico militar con el que tropieza Estados Unidos en el continente americano es Brasil. El único país del continente que podría terminar desafiándolo, en términos de la competencia capitalista, se llama Brasil. Lo sabemos quienes hemos estudiado algo de la geopolítica.
Una decisión inconstitucional e ilegal
Y por último, debo decirles que lo que están haciendo es absolutamente ilegal. Les pido a los ministros que me muestren un solo artículo de la Constitución que autorice establecer en Colombia instalaciones de tropas extranjeras y que autorice a tropas extranjeras operar en nuestro territorio. Muéstrenme un solo artículo. Y muéstrenme un solo artículo que los faculte a ustedes a hacer eso sin el permiso del Senado. Son dos discusiones diferentes. No hay un solo artículo de la Constitución que les permita hacer lo que van a hacer. Y menos todavía que un acuerdo internacional de este calibre se celebre sin autorización del Congreso de la República. Sobre este aspecto hay documentos de fondo. Les comento algo que muchos colombianos ignoran. ¿Saben en qué normas, y me lo dijo el señor canciller en una respuesta muy amable y oportuna que me dio, se están apoyando las bases? Como también el Plan Colombia, porque la ilegalidad viene de atrás. Primero, en la Ley 24 de 1959, del gobierno de Alberto Lleras Camargo, en la que no aparecen por ninguna parte las palabras militar, conflicto bélico, guerra, barcos, aviones, nada. Trata solo sobre asuntos económicos. No habla ni siquiera de acuerdos con gobiernos. Hay un concepto del procurador general de la Nación, según el cual el gobierno no se puede seguir apoyando en esa ley para acuerdos internacionales. Y le ha pedido a la Corte Constitucional tomar cartas en el asunto, porque todo lo que se viene tramitando es ilegal.
¿Y saben cuál es el segundo gran documento en que se apoyan? Un convenio suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la “ayuda económica, técnica y afín” (del 23 de julio de 1962), un convenio que apunta a mejorar la vida rural, la vivienda, los servicios colectivos, los sistemas educativos, los servicios de adiestramiento y salud pública. Les pregunto a ustedes, senadores, que fabrican las leyes, si es lógico que se intente tramitar este tratado mediante una ley y un convenio que no tienen nada que ver con asuntos de la guerra ni del narcotráfico ni del control del mundo ni de nada, con el cuento de que los asuntos de la guerra y el narcotráfico afectan de manera indirecta la economía. Esto me recuerda el chiste flojo ese del estudiante que solo se había aprendido el tema del gusano. Como fue sobre el elefante que el profesor le hizo el examen, el muchacho dijo entonces que el elefante tenía una trompa larga que se parecía a un gusano, y los gusanos se dividen en no sé qué y no sé cuántos. Todo esto es una burla. Cogen una ley que nada tiene que ver, cogen un convenio que tampoco tiene nada que ver, y les meten un anexo, como hizo el muchacho con el gusano y la trompa del elefante, para poder justificar lo que se está haciendo, violando de manera flagrante la Constitución y la ley.
Lo anterior es lo que explica por qué el trámite no pasa por el Senado, porque si lo hiciera, los senadores tendrían que examinar por fuerza en qué ley se apoya el proyecto y por qué se aduce que no es un tratado. Con franqueza les digo, ministros, este es un hecho demasiado grave. Presenten un proyecto de ley para que se discuta y se vote en el Senado, como lo hicieron en el caso del TLC. Es muy probable que lo ganen. Pero permitan el trámite de una ley con seriedad y rigor y además con un elemento adicional que ustedes quieren evadir, el control de constitucionalidad. Quisiera ver cuál Corte Constitucional lo aprobaría, con la Ley 24 de 1959 y con el convenio este de los Cuerpos de Paz, de la Alianza para el Progreso. ¡Con un convenio de la Alianza para el Progreso, senadora Cecilia López, nos quieren imponer un tratado de guerra! No lo puede el gobierno tramitar en el Congreso porque tiene esta debilidad.
Esta es una de las peores decisiones en la historia de la República. Y entre todos sus defectos de fondo, de contenido, adolece de un problema tremendamente grave, y es que se está tramitando de una manera absolutamente inadecuada y a mi juicio inconstitucional e ilegal, mediante una maniobra que debo denunciar como tal, porque no es serio que se le pegue a una ley o a un convenio cualquier cosa. Es absolutamente inaceptable. Tenemos que ser serios con el país cumpliendo con rigor las leyes de la República.
Tratan de aprobarlo a las escondidas
Les hago entonces varias peticiones: entréguenles al Senado y al país lo que tienen y comprométanse a no aprobarlo antes de un debate público. Porque no puede ser que nos lo aprueban a las escondidas y queda entonces sometido el uribismo a que lo único que puede hacer es aplaudir. No, permitámosles a los propios senadores uribistas analizar el asunto con independencia y con una actitud soberana, tranquila. Hagamos un debate serio y tomen ustedes solo después la decisión. Yo esperaría, señor canciller, que usted, con toda seriedad, presentara un proyecto de ley al Congreso de la República para que el acuerdo se tramitara por la vía correcta, como es el concepto del procurador y de la Corte Constitucional cuando afirman que se está tramitando de manera ilegal.
Me ratifico finalmente en la idea de que el Polo Democrático Alternativo y, pensamos nosotros, la mayoría de los colombianos –las encuestas evidencian que más de la mitad– se oponen al acuerdo, porcentaje que va aumentar en la medida en que el debate crezca.
No es que no pueda haber colaboración ni buenas relaciones con Estados Unidos. Lo que pasa es que este tipo de relaciones nos hace daño y no son buenas para estrechar los lazos con Estados Unidos, porque, por el contrario, deterioran la amistad que debe haber entre los pueblos y generan tensiones, agresiones, problemas. Ministros, hagamos las cosas como se debe y no insistamos en estas violaciones. Puede haber incluso cooperación militar, general Padilla, pero no en estos términos. Y, por sobre todo, que se tramite en el órgano democrático por excelencia de un país, el Congreso de la República, donde no solo opinan quienes están en el poder ejecutivo, sino donde podemos opinar el resto de los colombianos.
Réplica a las intervenciones de los ministros
En Colombia, cada vez que de Estados Unidos llega un dólar, hay fiestas y se tiran voladores y no hay colombiano que no lo sepa. Poco o nada se habla de lo que cobra Washington por lo que da, o alguien me va a decir que los gringos andan por el mundo regalando cosas como la asociación de la madre de Calcuta. Para poner un solo caso, los voy a ilustrar sobre dos detalles de lo que cobran los gringos por el Plan Colombia.
En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el presidente Pastrana le dijo al presidente Uribe y a los demás expresidentes que el despeje de El Caguán había sido una condición puesta por Bill Clinton a cambio del Plan Colombia. No vamos a hacer una discusión técnica. A unos les parecerá bueno el despeje de El Caguán, a otros les parecerá muy malo. Supongo que al ministro del Interior le parecerá muy bueno y al presidente Uribe muy malo, pero no es a eso a lo que quiero referirme. A lo que quiero referirme es a si ustedes consideran aceptable que a cambio de los dólares del Plan Colombia, Estados Unidos le imponga a un país como el nuestro una decisión de ese calibre. Dos, el Plan Colombia contiene veinte páginas de asuntos económicos. Las privatizaciones, por ejemplo, están en el Plan Colombia, el TLC está en el Plan Colombia, como también lo dijo el expresidente Pastrana en estos días: es una condición del Plan Colombia que el gobierno suscriba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un tratado que destruye nuestra economía. ¿Cuánto nos va a costar en dólares? Esas cuentas nadie las hace, ni tampoco se mide la destrucción agraria que le provoca a Colombia el Plan Colombia comparada con lo que valen los artilugios de guerra que el gobierno norteamericano introduce en Colombia a partir del Plan Colombia. Pongo lo anterior simplemente como un ejemplo de gravísimas violaciones de la soberanía nacional. Pienso que ese tipo de condicionantes violan la autodeterminación nacional y la violan de manera gravísima.
Segundo asunto, y quiero ser muy breve, ¿Estados Unidos es un imperio o no? Es otro tema que aquí no se discute. Estados Unidos se gasta 600 mil millones de dólares al año en armas, ¿para qué, por qué, defendiendo los intereses de quién? Y ese imperio procede por fuera de la legalidad cada vez que se le da la gana. Tumba al presidente de Panamá, el señor Noriega, desde una base norteamericana instalada en Panamá, y se lo lleva para la cárcel a Nueva York. Todo el mundo sabe que conspiró y contribuyó al derrocamiento de Jacobo Arbenz, en Guatemala, de Salvador Allende, en Chile, y han salido no sé cuántos libros en el último año contando las hazañas imperialistas de las tropas de Estados Unidos en el planeta entero, a partir de sus bases, y eso tampoco es aquí motivo de discusión. Nos dicen, por ejemplo, que hay un avión muy poderoso que permite grabarle a un malo lo que habla. Pues bueno, ese avión también permite grabarles a los buenos, entre comillas. Seguramente los gringos oyen desde ese avión las conversaciones del presidente Uribe con sus ministros y las de los presidentes de los países vecinos. ¿Quién controla eso? Nadie. Por supuesto que nadie, de cuándo acá un imperio ha necesitado de la legalidad para intervenir.
No me vayan entonces a decir que Estados Unidos solo hace lo que esté escrito en un papel. Me excusan, pero yo tengo perdida mi inocencia desde hace mucho rato y no creo en ese tipo de situaciones, no creo, francamente les digo. Y me parece muy grave que los jefes del Estado colombiano sí se lo crean. Se supone que parte del oficio, ministro, se lo digo con toda franqueza, es que ustedes no actúen como inocentes ni con respecto al narcotráfico ni con respecto a los grupos al margen de la ley que los desafían, ni frente a las Farc, ni con respecto a Estados Unidos. Con respecto a nadie, porque es deber de los dirigentes del Estado no actuar ingenuamente. Entonces nos dicen ustedes, no, es que las bases son pequeñas. Incluso ni siquiera las quieren llamar bases, y machacan que son pequeñas. Miren lo que dice Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California, que no es del Polo, advierto: “La mayoría de estas nuevas bases constituyen nenúfares (los traductores han usado la palabra nenúfar, y la palabra medio enreda: es un loto, usen loto si quieren), desde los cuales nuestras fuerzas armadas –o sea, las norteamericanas– podrán saltar como ranas muy bien armadas”. Lo explicó también Juan Gabriel Tokatlián, en El Tiempo. La estrategia militar de Estados Unidos es “la guerra perpetua”. Se están organizando para poder hacer guerras grandes, pequeñas y medianas, no sé cuántas al mismo tiempo en el mundo. De esto es de lo que estamos hablando, senadores y colombianos.
La legalidad del asunto. Cuando me referí a que a mi juicio no había legalidad, no lo dije por decirlo. Vuelvo y lo digo: invito a los amigos del gobierno a que me muestren un solo artículo de la Constitución Política, uno solo, que establezca que en Colombia se pueden asentar tropas extranjeras y que puede haber instalaciones para tropas extranjeras. Muéstrenme uno. Soy arquitecto, pero sé que según el ordenamiento jurídico colombiano, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente autorizado. ¿Díganme dónde en la Constitución está expresamente autorizado los de las bases militares? No está en ninguna parte.
Se lo pregunté al canciller. Entonces él me responde así: “En relación con su pregunta sobre el acuerdo, convenio o tratado internacional mediante el cual Colombia y Estados Unidos aprobaron el Plan Colombia” –esa fue la pregunta que le formulé–, me dice que tiene origen en el Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y Afines del gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Estados Unidos de julio 23 de 1962. Este, como expliqué hace un rato, es el de la Alianza para el Progreso, un convenio que no tiene nada que ver con asuntos militares. Nada. Ahí no aparece las palabras militar, ni avión, ni guerra, ni barco. Ustedes lo conocen también, ministros, y saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y ese acuerdo tiene a su vez origen en una ley que ya cité aquí, y ojalá la recuerden los colombianos, la Ley 24 de 1959. También usted me lo dice, señor canciller, que ese convenio, el de la Alianza para el Progreso, se fundamenta en la Ley 24 de 1959, de manera que no estoy aquí inventando cosas. Y a ambos le han hecho dos anexos, que a mi juicio son absolutamente ilegales porque son acuerdos que no desarrollan las normas de la ley y el convenio, sino que se las inventan desde cero. Llamo a los senadores a que leamos estos textos con atención, porque no estoy inventando nada.
Y hay una controversia al respecto. El procurador Maya conceptuó que era un absurdo lo que venía sucediendo, que ese cuento de los acuerdos abreviados para pasarse por la faja la Constitución y la ley era indebido y debía ser modificado. Y la Constitución Política dice que solo el Congreso de Colombia está facultado para aprobar los tratados internacionales. Aquí los vi a ustedes muy dinámicos haciendo esfuerzos para que nadie mencionara la palabra tratado, sino convenio, cuando es la misma cosa para los efectos de lo que estamos discutiendo. Y la Constitución dispone que son el Senado y la Cámara quienes aprueban los tratados. Luego es inconstitucional e ilegal lo que se está haciendo.
Y se lo digo con toda franqueza. Si el llamado convenio (el del Plan Colombia) ha tenido efectivamente revisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional, si esos exabruptos han sido aceptados por nuestras Cortes, lo único que probaría es el poder del imperio, lo único que probaría es que nos enfrentamos a un imperio capaz de poner a nuestros jueces a aprobar actos absolutamente ilegales e inconstitucionales.
Les insisto en la pregunta: ¿cuál es el miedo de que lo de las bases pase por el Congreso? Ustedes tienen las mayorías, se supone. Cuál es entonces el problema. Procedamos adecuadamente, respetemos la Constitución y la ley. Es que el Congreso de la República representa no solo a las mayorías que están en el Ejecutivo, sino a las minorías que tenemos derecho a discutir con otros puntos de vista. ¿Por qué se impide que el Congreso opine al respecto esgrimiendo una interpretación, repito, falsa? Usted lo sabe, señor canciller, usted me dio esta respuesta, y ninguna de las dos normas autoriza estos aviones y estas bases.
Por último, seguimos en otro lío. La única información que tenemos es la de la revista Cambio y nunca ustedes le han dicho a Cambio que es mentira lo que ahí se publica. Hubiera querido que alguien del gobierno le hubiera refutado: “No, señores de Cambio, nada de lo que ustedes afirman ahí es cierto”. Y aquí nos sueltan por cuentagotas pedacitos del convenio, me imagino que seleccionados con todo cuidado, para quitarle importancia a la polémica. El punto es que, cualquiera que sea la razón, no nos lo muestran completo. Insisto en mi exigencia o en mi petición: entréguenos lo que tienen, comprométanse con nosotros a que no acordarán nada con Estados Unidos mientras no se lo muestren a la opinión pública colombiana. Y nosotros, con el texto en la mano, no con lo que quiera leer uno de los ministros, sino con todo, para mirar con detenimiento si es verdad, por ejemplo, que van a ser controladas las tropas que se estacionen en las instalaciones dentro de las bases colombianas, si dentro de esas instalaciones va a haber control de lo que suceda allí dentro. Quiero ver el documento que lo consigne, y si ustedes nos lo muestran, podemos hacer otro tipo de discusiones.
Termino diciendo que no es solo un problema de la legalidad, y ustedes lo saben. Si el día de mañana, después de instaladas esas bases, el gobierno de Colombia resulta ser contradictor de Estados Unidos, ¿cómo van a actuar los militares estadounidenses en esas bases? Si el día de mañana Colombia decide acabar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cosa que legalmente se puede si entra en vigencia, ¿esas bases no van a moverse? Aquí nos dicen, no, senador, es que la actividad es solo de inteligencia. Hombre, la inteligencia es lo peor, según me lo explicaba un especialista en estos asuntos, porque son los de inteligencia quienes maquinan las jugadas. No hubo tropas norteamericanas tumbando a Salvador Allende y lo tumbaron. Y cuántas cosas no han hecho la CIA y la DEA. Todo eso está en la literatura.
Mantengamos relaciones con Estados Unidos, hagamos esfuerzos para que sean las mejores, pero hagamos también esfuerzos por entender a quién tenemos al frente y cómo hay que proteger la soberanía nacional y cómo no se debe dar papaya, como se dice coloquialmente, con hechos como estos.
MÁS SOBRE LAS BASES GRINGAS EN COLOMBIA
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 24 de 2009
Hay que ser jefe del uribiato para tener la frescura de conmemorar el 20 de julio con el montaje de tres, cinco o hasta siete bases militares norteamericanas en Colombia, decisión que por supuesto lesiona en forma gravísima la soberanía y la autodeterminación nacional, precisamente el logro principal de hace 200 años, cuando se dio el Grito de Independencia y se inició la expulsión de las tropas coloniales españolas del territorio patrio.
Es falso afirmar que las bases que se instalarán en Colombia son diferentes, en el sentido de menos imperialistas, a la que se cerrará en Manta, Ecuador. Primero, porque todas tienen origen en el cierre de la Base Howard , en Panamá, que ordenó el tratado Torrijos-Carter, base desde la que Estados Unidos vigilaba e intervenía en el continente. Sin el narcotráfico, otro sería el pretexto del Imperio para instalar las bases, como ocurre con las otras 700 que tiene por fuera de Estados Unidos. Segundo, porque la de Manta era una base ecuatoriana, comandada por un oficial de ese país, en la que, en el 5% del área y bajo el control estadounidense, funcionaba el Puesto Militar de Operaciones Avanzadas norteamericano (FOL, por su sigla en inglés), como tienen decidido hacer en Colombia. Y tercero, porque, empeorando la de Manta, las de Colombia autorizan a Estados Unidos a intervenir en otros países y contra el “terrorismo” (Cambio, Jul.01.09), término que el Pentágono define a su antojo. Y también según Cambio (Jul.22.09) intentan ocultar parte de lo que se acordará. Desde la base de Palanquero, donde se invertirán 42 millones de dólares, operarán los C-17, aviones de alcance continental y con capacidad para 70 toneladas de helicópteros y tropas, explicó el ministro de Defensa colombiano (e) (El Tiempo, Jul.22.09).
Es particularmente repudiable que una decisión de este calibre, que acoyunda el país a la estrategia de guerra de Estados Unidos para el control del mundo, la tome el gobierno sin un tratado internacional aprobado por el Congreso colombiano y sujeto a control de legalidad por la Corte Constitucional, hecho que viola los artículos 150 (numeral 16) y 241 (numeral 10) de la Constitución sobre las funciones del Congreso y de dicha Corte. Así actúa para evadir el debate público y que en la Constitución no existe norma alguna que autorice ni las instalaciones ni la permanencia y operación de tropas extranjeras en el territorio colombiano.
Lo más que permite el artículo 173 de la Constitución es “el tránsito de tropas extranjeras” por el país, y eso si lo aprueba el Senado. Que no vengan, entonces, con la ya anunciada astucia de “legalizar” lo ilegal mediante un simple concepto del Consejo de Estado que no obliga al gobierno y que no aplica para bases y operaciones militares extranjeras en el país.
El ministro de Relaciones Exteriores dice que la legalidad de las bases –a las que no llama bases, nombre que tampoco aceptaban los gringos para la suya en Manta– tiene origen en la Ley 24 de 1959 y en el “Convenio general de ayuda económica, técnica y afín entre” los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, suscrito el 23 de julio de 1962. Pero oculta que ni en la ley ni en el convenio hay una sola palabra sobre guerra, narcotráfico, terrorismo, tropas, bases, barcos o aviones militares extranjeros, pues la primera se refiere a acuerdos “con el fin específico” de hacer “planes y programas de desarrollo económico, social, cultural, sanitario u otras materias conexas”, en tanto el segundo es sobre la llamada “Alianza para el progreso”, “destinada a ayudar a satisfacer las necesidades de mejores viviendas, trabajo, tierras, salud y escuelas” en Colombia (Ley 24 de 1959, Convenio de 1962 y boletín de prensa de la Procuraduría).
La ilegalidad de la actuación del gobierno en casos como este la explicó en 2005 el Procurador General de la Nación, quien, sobre la Ley 24 de 1959 y de los “acuerdos simplificados” que esta autoriza, dijo: “es claro que el gobierno no puede obligar internacionalmente al Estado colombiano sin previa autorización del Congreso y revisión constitucional de la Corte ”. También le solicitó a la Corte Constitucional fijar “un tiempo prudencial para que el gobierno someta a aprobación del Congreso de la República y de esa Corporación todos los acuerdos o convenios internacionales suscritos en aplicación de la Ley 24 de 1959 y que han implicado la adopción de obligaciones adicionales para el Estado colombiano”, entre los que incluyó los 22 suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre los que también dijo que “no podrían seguir produciendo efectos mientras no surtan los trámites constitucionales requeridos” (Ley 24 de 1959, Convenio de 1962 y boletín de prensa de la Procuraduría).
